La terrible violencia en la que se ha enfrascado México los últimos seis años, producto de la supuesta guerra que el gobierno de Felipe Calderón declaró al narcotráfico, ha dejado, como sabemos bien, más de 50 mil muertos –muchos de ellos inocentes– y otros tantos miles de agredidos.
Una supuesta guerra, digo, porque según múltiples especialistas, el inusitado poder de varios cárteles de la droga –y la evidente facilidad con la que se desenvuelven en nuestro país– sólo se explica con una complicidad expresa del gobierno.
En otras palabras: de haber una verdadera voluntad por acabar con el narcotráfico, habría afectaciones reales a diferentes organizaciones que, hoy por hoy, gozan de un enorme poderío.
De entre las miles de víctimas, existen dos grupos que han sido especialmente vulnerados por el narco: los policías municipales y los periodistas. Ambos han quedado atrapados en el fuego cruzado de diversos grupos, entiéndase la policía federal, el ejército, la marina, los sicarios o el mismísimo gobierno.
Ambos se enfrentan día a día a una guerra para la que, definitivamente, no estaban preparados. Sin siquiera advertirlo, pasaron de cubrir información local a atender emergencias propias de una guerra, tanto o más peligrosa que la que se vive en países como Irak o Afganistán, según han declarado diversos corresponsales que han estado en ambos escenarios.
172 AGRESIONES
En el caso de los periodistas, las condiciones para que desempeñen su trabajo son cada vez más adversas, lo que se traduce en una clara violación a la libertad de expresión.
Las cifras son contundentes. Según el informe Silencio forzado. El estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México, realizado por la organización civil Artículo 19, en 2011 se registraron y documentaron 172 agresiones a la libertad de expresión, esto es 17 más de los reportados en 2010.
El estudio, presentado recientemente, enumera diez tipos de agresiones, que van desde las amenazas y la intimidación, hasta la agresión física, la privación ilegal de las libertad y el asesinato.
El tipo de agresión más frecuente fue la violencia física material, que se refiere a los daños al equipo de trabajo, así como ataques contra instalaciones de medios. De este tipo de agresión se registraron 73 casos: 61 contra reporteros, uno más contra un empleado de distribución de un diario, y diez más contra oficinas e instalaciones de medios.
El segundo tipo de agresión más recurrente fueron las amenazas, así como los actos de intimidación y presión contra las empresas y sus periodistas. En este rubro se registraron 24 casos.
El reporte también explica que los reporteros, los fotógrafos y camarógrafos son quienes con más frecuencia se convierten en blanco de las agresiones. De los 172 casos, los reporteros padecieron 81 acontecimientos, mientras que los fotógrafos/camarógrafos 41. Le siguen las agresiones cometidas contra las instalaciones de los medios de comunicación, que sumaron 27. Los otros 23 casos se dividen entre colaboradores (6), Directivos (5), Editores (4), Trabajadores (4) y Periodistas radiofónicos (4).
ENEMIGO EN CASA
El reporte indica además que el principal agresor de los periodistas no es el crimen organizado, sino el propio gobierno. Se lee en el estudio:
“Al igual que en años anteriores, los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno fueron responsables del mayor número de agresiones a la libertad de expresión (41.86% del total). De ese universo de casos atribuibles a actores del Estado, las fuerzas de seguridad (Ejército, Marina, policías municipales, estatales y federales) fueron directamente señaladas como culpables de seis de cada diez abusos contra representantes de los medios de comunicación.
“En contraste, las agresiones provenientes de sujetos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada representaron apenas 13.37%, aunque puede atribuirse a sus integrantes la responsabilidad por nueve asesinatos y 13 ataques directos y otros actos de intimidación contra medios en distintas ciudades”.
LOS MÁS VIOLENTOS
Un estudio realizado también por Artículo 19 establece que de 2000 a la fecha, 66 periodistas en nuestro país han sido asesinados y 13 más fueron desaparecidos, al parecer por cuestiones relacionadas a su ejercicio periodístico.
Son cuatro los estados donde se han registrado más asesinatos: Chihuahua (10), Guerrero (8), Tamaulipas (11) y Veracruz (9). Le siguen Michoacán y Oaxaca, ambos con 4 casos cada uno; Durango, Sinaloa y Estado de México, con tres casos cada uno; Coahuila, Nuevo Léon y el Distrito Federal, con dos casos cada uno; y Tabasco, Quintana Roo, Jalisco, Sonora y Baja California con un caso cada uno. (Juan Carlos Aguilar García)
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